Desde el Nokia-gate hasta los tiempos de la pandemia de coronavirus, son varios los políticos de la UE que no han otorgado público a conversaciones cruciales de Whatsapp.
PUBLICIDADEl miércoles, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que la Comisión había actuado ilegalmente en el asunto planteado por el 'New York Times', que pidió tener a los mensajes de texto intercambiados entre la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, y el director de Pfizer, Albert Bourla, en relación con los contratos de vacunas en la pandemia de Covid-19.
Según el Tribunal, la Comisión no debió limitarse a alegar que no posee los documentos solicitados, como hizo, sino dar explicaciones creíbles que permitan tanto al público como al Tribunal entender por qué no se pudieron localizar esas pruebas.
La Comisión Europea no es la primera institución que dice que no puede facilitar mensajes de texto cuando se lo piden periodistas o legisladores. He aquí otros casos en los que las pruebas simplemente desaparecieron:
1. El Nokia-Gate de Rutte
El ex primer ministro neerlandés (y actual secretario general de la OTAN) Mark Rutte estuvo al frente del Gobierno de Países Bajos en el periodo comprendido entre 2010 y 2024. Se ha demostrado que durante ese tiempo eliminó varios mensajes de texto de su teléfono, un viejo Nokia 301.
Rutte reenviaba a los funcionarios aquellos mensajes que consideraba relevantes para archivar, pero el resto los borraba ante el "escaso espacio de almacenamiento" en su teléfono, según defendió el ex primer ministro y publicaron los medios neerlandeses en 2022. Los legisladores de Países Bajos pidieron un debate parlamentario por considerar que su correspondencia relacionada con el trabajo no debía destruirse sin más.
En 2019, el Consejo de Estado neerlandés decidió que los mensajes de WhatsApp y de texto tanto en teléfonos profesionales como privados de los funcionarios -si se envían en el contexto de trabajo- entran en la Ley de Información Gubernamental, lo que significa que pueden ser parte de las solicitudes requeridas por las leyes de libertad de información.
2. Borrados en varias empresas durante inspecciones gubernamentales
No mantener los registros al día puede salir caro: en 2024, la Comisión multó a la empresa International Flavors & Fragrances y a su división sa con unos 15,9 millones de euros por obstruir una inspección en 2023.
La Comisión descubrióque, durante esta inspección, un alto ejecutivo de IFF borró intencionadamente mensajes de WhatsAppintercambiados con un competidor. Esto ocurrió después de que el empleado hubiera sido informado de la investigación. El Ejecutivo comunitario dijo que consideraba el incidente de "naturaleza muy grave".
Del mismo modo, el regulador antimonopolio neerlandés ACM impuso una multa de 1,84 millones de euros a una empresa no identificada en 2019 por obstruir sus pesquisas. "Los empleados de la empresa que está siendo investigada por realizar acuerdos anticompetitivos han abandonado grupos de WhatsApp y borrado chats durante una redada de la ACM. Eso está prohibido", aseguró el organismo de control.
3. La investigación sobre la actuación del SNP escocés durante el coronavirus
La ex primera ministra escocesa Nicola Sturgeon, junto con otros ministros y funcionarios de sanidad, borraron todos sus mensajes de WhatsApp relacionados con la pandemia. Se trata de un hecho que salió a la luz el año pasado durante una investigación nacional.
Sturgeon había afirmado anteriormente que estaba comprometida con la "transparencia total" sobre su conducta durante la pandemia. La investigación había tenido dificultades para entender cuáles eran las actuaciones concretas del Gobierno en cada momento, porque sus respuestas a las peticiones de información de la investigación eran incompletas o vagas.
John Swinney, ex viceprimer ministro del país, declaró que había borrado manualmente sus mensajes enviados a Sturgeon, lo que, según él, se ajustaba a su interpretación de la política del Gobierno escocés sobre transparencia. Un enfoque "que nunca fue cuestionado en años anteriores", dijo.
4. Las negociaciones encubiertas sobre los peajes alemanes
En 2020, los medios de comunicación alemanes demostraron que el entonces ministro de Transportes, Andreas Scheuer, utilizó direcciones de correo electrónico y números de teléfono privados en las negociaciones sobre las polémicas normas de peaje de los coches en el país, lo que significaba que el contenido no estaba almacenado en los archivos oficiales del Ministerio de Transportes.
Las solicitudes de libertad de información no ofrecieron a los datos, porque lo que no se almacena en archivos oficiales no tiene por qué hacerse público según la legislación alemana.
El proyecto de Scheuer fue considerado ilegal por el TJUE en 2019, pero no antes de que se hubiesen firmado contratos multimillonarios al respecto. Los operadores exigieron al Gobierno federal una indemnización de 560 millones de euros.